Aunque las investigaciones todavía prosiguen, todo indica que los directos responsables fueron hombres en uniforme vinculados a la Brigada Móvil Cinco y a la Octava División del Ejército.
Ante las pruebas recabadas y antes de que se produzcan los requerimientos penales que el país espera y demanda, el Gobierno decidió reaccionar con rapidez y retirar del servicio a dos coroneles, un mayor, un subteniente y tres suboficiales.
A los tres primeros, jefes de batallones, los apartó por falta de controles sobre la tropa a su cargo. Los demás tenían manejo directo sobre los militares que estaban en la zona donde ocurrieron los crímenes de los niños y quienes también están implicados en la violación de otra niña hace tres semanas. Falta todavía la identificación de los culpables, pero desde ya el Ejecutivo ha enviado un mensaje de cero tolerancia con estos sucesos, que enlutan no solo a un padre, sino a una comunidad y a la nación entera.
Pero, aparte de insistir en que el peso de la ley debe caer de manera ejemplar sobre los implicados, el evento plantea duros cuestionamientos. Para comenzar, hay quienes se preguntan con razón si existen problemas en la selección del personal y en la formación de oficiales jóvenes, pues hay un subteniente involucrado. También es necesario mencionar un asunto más complejo, como es el de la relación de la Fuerza Pública con la población civil en Arauca, que es uno de los departamentos donde se presentan más problemas de orden público.
Fue precisamente en este mismo departamento donde, en mayo de 1998, una bomba de la Fuerza Aérea mató a 17 civiles en Tame, durante una persecución contra las Farc. Y fue este el escenario donde militares asesinaron a tres sindicalistas en un falso positivo.
Los dos casos le valieron al país serios cuestionamientos internacionales; los culpables fueron condenados a más de 30 años de prisión. Oficiales destacados en la región reconocen que la población no les tiene confianza y desafortunadamente este tipo de situaciones alimentan la malquerencia. Igualmente, los grupos guerrilleros que operan en el área o se refugian en el otro lado de la frontera con Venezuela van a utilizar el cruento episodio para tratar de desprestigiar a las instituciones.
Por tal motivo, la reacción adecuada es la de garantizar la transparencia de la información, así como la independencia de los investigadores y de los organismos de justicia. Además, es indispensable reivindicar el apego estricto a las normas que promueven el respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, un propósito que debería ser liderado por el propio Ministro de Defensa.
Solo así se puede lograr que el inmenso daño que le han hecho unas pocas manzanas podridas a la legitimidad del Estado no se repita. Y que quien ose manchar el honor militar con una acción injustificable entienda que la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos no tiene discusión. No de otro modo se podrá lavar parcialmente la terrible mancha que deja entre quienes portan uniforme el sacrificio de tres inocentes a manos de unos desalmados.
Tomado de: www.eltiempo.com
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