La intervención ciudadana, también solicita a la Corte, oficiar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue la actuación del Presidente de la República y los ministros suscriptores del documento.
Según los firmantes, el Acuerdo es contrario a los principios de separación de poderes y la soberanía. Es decir, no se observa en éste, ninguna contraprestación para Colombia, que permita verificar los principios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, propios de las relaciones internacionales.
Así fue reconocido por el Consejo de Estado, quien mediante concepto previo sobre el Acuerdo lo declaró gravoso para nuestro país y advirtió al Gobierno sobre la necesidad de aprobarlo a través del procedimiento constitucional previsto para la tramitación de tratados internacionales. Esto es, debía ser aprobado mediante ley y revisado por la Corte Constitucional. Sin embargo, el Gobierno desatendió tanto las recomendaciones políticas como las jurídicas del Consejo de Estado y decidió firmarlo unilateralmente, sustituyendo las competencias de las demás ramas del poder público.
El documento, suscrito el 30 de noviembre de 2009, entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que tiene como objetivo principal, autorizar el acceso irrestricto a siete bases militares colombianas, distribuidas a través de todo el territorio nacional, por parte de militares estadounidenses y otros agentes nacionales de terceros países, autorizados por Estados Unidos.
Este plantea un conjunto de medidas para beneficiar al personal estadounidense durante su permanencia – de 90 días prorrogables indefinidamente, entre ellas, la renuncia al ejercicio de competencias migratorias, fiscales, tributarias, de tránsito, aduaneras y especialmente, militares, territoriales y aéreas, a favor de Estados Unidos.
Además establece un régimen de inmunidad, propio para los cuerpos diplomáticos civiles, en beneficio de los militares estadounidenses y sus familias. Asimismo autoriza la explotación del espectro electromagnético sin costo ni licencia alguna y como si esto fuera poco, establece una serie de medidas abiertas que las partes determinarán a través de acuerdos de implementación, de manera que distintos aspectos del Acuerdo no sean conocidos.
La intervención solicita además como pruebas, se alleguen todos los acuerdos de implementación adoptados hasta la fecha en desarrollo del Acuerdo de Bases Militares, oficiar al Consejo de Estado para que remita el Concepto previo en relación al proyecto y se oficie a las entidades del Ministerio Público para que informen cuáles actividades de control ejercieron en el marco de la negoción de este acuerdo.
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