Según las ONG, la semana pasada el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Así mismo, y como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas. También recogen las declaraciones del nuevo Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en las que propone reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados por la justicia castrense.
Y otras del comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, en las que pidió revisar el sistema de justicia militar en alusión a la Toma del Palacio de Justicia y catalogó al Coronel(r) Plazas Vega, que dirigió esa toma, como un “héroe nacional” que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“CEJIL, WOLA y LAWG instan al Presidente Santos a enviar un mensaje contundente acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos que excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de medidas veladas o explícitas que permitan que aquellas permanezcan impunes”, dicen en el comunicado.
Para Lisa Haugaard, directora de LAWG, bajo el derecho internacional “no es posible dictar leyes de amnistía o cualquier otra medida que elimine la responsabilidad o pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
En los últimos años hemos visto algunos avances, si bien tentativos, de garantizar justicia en las cortes civiles por graves violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército.
En lugar de regresar a las prácticas del pasado que han llevado a la impunidad, el progreso logrado para alcanzar la justicia en las cortes civiles debe ser fortalecido”.
Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva de CEJIL, señaló por su parte que “las obligaciones en derechos humanos asumidas por Colombia tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA objetan el uso de amnistías, indultos y otras eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. Quizás sea necesario recordar que la Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia, Gelman v. Uruguay, entre otras”.
Krsticevic añadió que “las declaraciones de los altos funcionarios de Ejecutivo que contradicen los compromisos asumidos en la Ley de Víctimas y los tratados de derechos humanos deberían ser rechazadas con vehemencia por el Señor Presidente para demostrar su apego a la constitución y al Estado de derecho”.
Gimena Sánchez, titular de Programa para Colombia de WOLA, expresó que “pronunciamientos como estos, provenientes de miembros del Poder Ejecutivo, no hacen otra cosa que minar la independencia del poder judicial en ese país”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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Tomado de:www.el tiempo.com
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