Presentación
Tras el fin de la guerra fría y un largo periodo de consolidación del modelo
neoliberal alrededor del mundo, América Latina se ha venido convirtiendo
en un territorio donde se reflejan las mayores contradicciones
de este modelo. Una mezcla entre desarrollo económico y expansión
comercial, por un lado y desigualdad social y altos niveles de violencia,
por el otro, muestran una mayor complejidad de análisis. Hablar de un
creciente proceso de militarización es también mostrar la situación sociopolítica,
más aún cuando este continente goza de una mala reputación
en cuanto a estabilidad y seguridad.
En América Latina se está produciendo un proceso de transformación
política muy importante respecto a su pasado reciente, tanto, que es
sin duda el continente dónde se están produciendo más cambios de
regímenes conservadores y dictaduras militares hacia democracias más
participativas y sociales. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Venezuela han experimentando cambios políticos de transformación
social, producidos gracias a grandes movilizaciones populares que han abierto procesos políticos democráticos con participación de la ciudadanía, procesos que abren la esperanza a superar la pobreza en que estaban sumergidos estos países.
América Latina y el Caribe es un territorio habitado por 560 millones
de personas y un lugar de gran extensión poseedor de recursos naturales
de inmenso valor, muy apetecibles para el desarrollo económico
de otros muchos países, en particular aquellos de gran poder comercial
e industrial como Estados Unidos o China. Países que rivalizan en la
región, EE. UU. por permanecer tras una presencia secular y China que
pugna por penetrar en la misma. Ambos, desde diferentes perspectivas,
ven en Latinoamérica un territorio clave a controlar para desarrollar
sus actividades, donde la bipolaridad de la etapa de la guerra fría ha
dado paso a una aparente multipolaridad en las relaciones internacionales.
América Latina y el Caribe, con el 12 % del área terrestre total y el
8 % de la población mundial, poseen alrededor del 27 % del agua dulce
del planeta, aunque, no obstante, casi un tercio de los habitantes de la
región carece de acceso al agua potable y una proporción similar no
cuenta con servicios de alcantarillado y canalización de agua potable.
En América Latina y el Caribe se localiza el 11% de las reservas mundiales
de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae
en el planeta. Según la FAO, la región contiene el 40% de las especies
vegetales y animales del planeta, y se considera poseedora de la más
alta biodiversidad en flora y fauna del mundo.
A pesar de que dichos recursos no son considerados un objetivo prioritario
a día de hoy por las grandes potencias, quienes ven principalmente
en esta región un productor de manufacturas y un boyante mercado
de millones de consumidores, Sí que han definido ese territorio como
importante para su política exterior. En ese contexto, la aparición de
enormes compras de armamento, con un incremento del 150 por ciento
durante los últimos cinco años; así como el aumento del número de
efectivos militares o los movimientos y ejercicios militares entre otros
índices de militarización, han generado un manto de duda y preocupación
a pesar de no presentarse enfrentamientos o conflictos a escala
regional.
El patente dominio de los Estados Unidos en la región, ha dado paso
hoy a la presencia de otras potencias emergentes como China, Rusia o
el propio Brasil, que unido a los procesos de unidad regional entre gobiernos
apoyados en movimientos populares democratizadores, permiten
vislumbrar una etapa de mayor multilateralismo regional, así como
de una mayor estabilidad macroeconómica y de buen comportamiento
del comercio exterior. Pero a su vez, persisten problemas apoyados en factores estructurales que entorpecen el crecimiento económico y favorecen
el agravamiento de la pobreza, como la injusta distribución de
los ingresos, la corrupción de los funcionarios y la intromisión de los
militares en los asuntos internos; a lo que se suma la eterna intervención
estadounidense.
Hablar de militarización, dentro del contexto latinoamericano, es hablar
de las innumerables intervenciones y agresiones militares efectuadas
por Estados Unidos en casi todos los países del continente americano.
Como también, del peso excesivo que los militares han jugado en
la política interna del continente mediante golpes de estado e instaurando
dictaduras militares. Pero al lado de estos dos hechos, también
existe otra realidad, la militarización interna que los propios gobiernos
de la región llevan a cabo y que, en los últimos años, está tomando unas
proporciones importantes. Esta militarización proviene de dos sujetos
diferentes. Uno, del peso específico que los militares todavía juegan en
las políticas internas de los diferentes estados, que comporta privilegios
que los convierte en un poder fáctico que condiciona y secuestra
la política de los gobiernos. Y un segundo, que tiene su origen en los
presupuestos militares de los estados, los cuales en los últimos años
han aumentado de manera vertiginosa. El incrementos del gasto militar
se ha traducido en una mejora de los aparatos de las fuerzas armadas
y, muy especialmente, en importantes compras de armamento, hasta el
punto que hoy América Latina es una de las regiones mundiales dónde
llega más armamento, que frena el desarrollo del continente y abre el
camino a tensiones y posibles conflictos.
1. El intervencionismo actual de EE. UU .
La política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continúa
hoy, como lo fue en el pasado, dirigida a ejercer un indiscutible
e indisimulado control sobre las políticas internas de los países de la
región. Y busca, como se desprende de los diferentes documentos que
regulan la seguridad y la defensa de EE. UU., preservar sus intereses políticos
en el continente, a la vez que determina la política interna de todos
los países. Pese a que, si se contabiliza la presencia material de efectivos
militares en las diferentes bases e instalaciones existentes, estos no sobrepasan el número de 2000 militares. Este reducido número de fuerzas
es debido a la proximidad de EE. UU. con sus vecinos del sur, lo cual no hace necesario desplazar excesivos soldados por el continente, pues ya
dispone de grandes bases militares en el propio territorio para dar cobertura
sobradamente a posibles intervenciones, y sólo le hacen falta algunas bases y pequeñas instalaciones estratégicamente repartidas por la región. Es decir, a pesar de la creciente oposición de amplios sectores de la población a la intervención estadounidense, la política del actual presidente Barack Obama es tan beligerante como la de su predecesor George Bush, quien a diferencia del primero no utilizaba su carisma e imagen renovadora como fachada. En otras palabras, Bush no tenía ningún reparo en promulgar la necesidad de preservar a toda costa los intereses de EE. UU. en la región, bajo el lema «el fin justifica los medios» como máxima de las relaciones Norte-Sur.
Estas bases se compaginan con todo un entramado de organizaciones y
planes dirigidos al control y vigilancia de todo el continente latinoamericano.
Es el caso de la tristemente famosa Escuela de las Américas (SOA
en sus siglas en inglés), ubicada en Fort Benning, Georgia, denominada
desde 2001 «Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación
de Seguridad». Esta escuela propagó la nefasta Doctrina de Seguridad
Nacional adiestrando a los militares que después encabezarían las dictaduras
de los años 70 y 80. En casi 60 años de existencia ha entrenado
alrededor de 60.000 militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia,
formación de francotiradores, mando y guerra psicológica,
inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Además, de otras más
actuales, como la puesta en marcha de la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo. Entre los diversos planes se encuentran, de una parte, el Plan
Colombia; y por otra el Comando Sur y la IV Flota, que tienen la misión
de ejercer un control sobre toda América Latina y el Caribe. También
está el Plan Puebla Panamá dirigido a proteger la región de México a Panamá,
considerada de alto valor estratégico, pues por esta región transitan
las relaciones de EE. UU. con el resto del continente latinoamericano.
Y por último la Iniciativa Mérida, un plan de 2008 subscrito en México y
el resto de países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el
crimen organizado. Todos los cuales a continuación se detallan.
1.1 El Plan Colombia
Colombia es uno de los países que más dinero recibe de Estados Unidos
para proyectos militares o de seguridad. En este aspecto, es el país que
destaca como el más fuerte aliado de los EE. UU. en Sudamérica. De hecho, Colombia es el único país del continente que apoyó la invasión
de las tropas norteamericanas y aliadas en Irak y Afganistán. Desde principios
del siglo XX los diferentes gobiernos de Colombia han acatado
las políticas de EE. UU. leales a la vieja doctrina Monroe de «una América
para los americanos», desde la trágica Doctrina de Seguridad Nacional,2
hasta el actual Plan Colombia. Este proyecto de asistencia militar surgió
en el contexto de un estado que, tras el fracaso de las conversaciones
de paz de San Vicente del Caguán (1998), se encontraba atrapado
por el fortalecimiento de los grupos guerrilleros, en especial las FARC.
Por ello recibe el apoyo unánime de los EE. UU. a través del más ambicioso
plan de cooperación militar nunca antes destinado a una nación
latinoamericana.
El Plan fue concebido como un esfuerzo para la lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo. Se enmarcaba en medio de unas estrechas relaciones
entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, que posteriormente
se fortalecieron aun más entre George W. Bush (2000) y Álvaro Uribe
(2002). Este último contó con enormes recursos provenientes del Plan
para la gestación y desarrollo de lo que denominó su política de «seguridad
democrática», junto a otros dos importantes pilares: la confianza
«inversionista» y la «cohesión social». Dentro de su política de seguridad
democrática, y gracias al considerable fortalecimiento tecnológico militar,
se destacaba un inmenso proyecto u ofensiva militar, que incluía el
desarrollo del Plan Patriota. Una ingente ofensiva militar que buscaba
acabar con los grupos guerrilleros y restablecer el orden en numerosas
zonas rurales del sur del país, donde se enviaron 12.000 soldados de
fuerzas especiales a los departamentos de Putumayo, Guaviare, Meta y
Caquetá.
Entre los años 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió 2.800 millones de dólares,
aunque las ayudas desde el Departamento de Defensa en Colombia
se estimaron en 4.500 millones de dólares. En 2005, la Administración
Bush pidió fondos adicionales al Congreso para el Plan y se aprobó el envio de de 463 millones de dólares a través de la ACI (Iniciativa Andina
Contra las Drogas, en sus siglas en inglés) y 90 millones de dólares más
a través del FMF (Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras, en sus
siglas en inglés) del Departamento de Defensa estadounidense. El Plan
cuenta principalmente con el apoyo del programa ACI del gobierno de
EE. UU. y recibe asistencia del FMF y de la Central Antinarcóticos del Departamento
de Defensa de Estados Unidos. La participación e influencia
de las agencias de inteligencia y seguridad de EE. UU., a través de estos
acuerdos de cooperación militar, han convertido a Colombia en el tercer
receptor de ayuda económica militar en el mundo tras Israel y Egipto.
Lo que debe ser sumado al gasto regular en defensa y seguridad, que
se incrementó en un 80% en 2009 (10.055 millones de dólares) con respecto
a 2002 (5.588 millones de dólares), lo que equivale al 5.2% del PIB
de la nación. Gran parte de estos recursos han dado como resultado,
para junio de 2010, que el número de efectivos de la Fuerza Pública se
incrementara en un 41% con respecto al año 2002, lo que en números
equivale a un total de 441.828 miembros, de los que sólo las Fuerzas
Militares suman un total de 283.004 efectivos. Es decir, Colombia conto
con un gasto militar medio entre el 2000-2008 del 3,9% del PIB, muy
superior a la media latinoamericana (1,9%), superando a países como
Chile, Venezuela y Brasil.
El Plan Colombia ha dado unos resultados catastróficos. Con la excusa de acabar con el cultivo de la coca, desmantelar los cárteles de la droga y aportar seguridad interna al país, mediante la fumigación y una creciente militarización de amplias zonas, se expulsaron cerca de 380.863 familias de sus tierras en 2008. Sorprende que la cifra de 2008 sea similar a la de 2002, año en el que se registraron 412.563 expulsiones de personas, tras la ruptura de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán y el comienzo de una dura confrontación entre la guerrilla de las FARC y las tropas oficiales, que aun persiste a día de hoy. [1]. Situación que ha venido generando más desplazamientos por el país y un notable aumento de refugiados en Ecuador y Venezuela, agravando las tensiones en Colombia.
A esto ha de sumarse el problema de la proliferación de grupos de paramilitares, pues no pasa semana sin que se conozcan nuevos asesinatos y expulsiones de campesinos en la guerra sucia que practican éstos en beneficio de multinacionales como la Chiquita Brands o la Drumond, [2] terratenientes dedicados a la ganadería y el cultivo de la palma africana para la producción de agro combustibles; o su constatada colaboración en operaciones militares con el ejército colombiano. Los terratenientes y las grandes empresas han sido los principales beneficiarios de este Plan, puesto que han acabado ocupando grandes extensiones de tierra, unas 5,5 millones de hectáreas, equivalentes al 10% de la tierra agropecuaria del país antes en manos de los campesinos. En diez años la producción de palma africana ha pasado de 145.000 hectáreas a 300.000 agravando las problemática socioeconómica de los medianos y pequeños productores. Mientras tanto, en los doce años transcurridos desde el inicio de la supuesta lucha para erradicar la coca, este cultivo continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos de las partes enfrentadas y el principal producto que engorda el PIB colombiano.
De este modo podemos afirmar que los más de 7.300 millones de dólares
de ayudas de EE. UU. para el Plan Colombia han servido para armar
a las fuerzas armadas colombianas, como lo atestigua el presupuesto
militar, que ha pasado de 3.431 millones de dólares en 2000 a 10.055
millones en 2009, además de incrementar la presencia de empresas de
seguridad privada, quienes reciben cerca de la mitad del monto total de
ayuda para realizar las operaciones de fumigación y vigilancia. Además,
es prudente suponer que el nuevo acuerdo militar seguirá el mismo camino.
Así, los 465 millones de dólares que este año (2010) el gobierno
de Barack Obama acaba de entregar, servirán para continuar aumentando
la ayuda militar de EE. UU. Estos hechos frenan el necesario proceso
de resolución del conflicto social, político y armado que vive Colombia.
Además de mantener el desigual estado de las cosas, al evitar y no enfrentar
las causas políticas del conflicto ni los factores que continúan
desestabilizando el país y la región, abriendo el camino a futuros enfrentamientos entre países.
1.2 Las bases militares de EE. UU. en América Latina
Si algo llama la atención en el análisis sobre las características y desarrollo
militar en la región, son las numerosas bases militares norteamericanas
existentes en el continente. Un elemento que caracteriza a EE. UU. como potencia son las más de 700 bases e instalaciones militares con los que
cuenta en el mundo. Cerca de una veintena de éstas están en América
Latina. La lista la encabeza Colombia con siete bases y dos instalaciones
en Cartagena (en el Mar Caribe), Larandia (en el departamento de Caquetá,
al sur del país), Tolemaida y Palenquero (en Cundinamarca, en el
centro), Málaga (enm la región del Pacífico), Apiay (en el departamento
de Meta), Malambo (en el Atlántico), y otras de las cuales ya disponía,
como Tres Esquinas (en la Amazonia colombiana). [3]
A todas estas bases se ha de añadir una nueva base militar que está en
construcción en el norte de Colombia, en el departamento de la Guajira,
en la frontera colombo venezolana. Esta base contará con la participación
de soldados norteamericanos (de 800 a 1.000), además serán activados
seis batallones de aviación, dos en la frontera con Venezuela, según
el convenio militar suscrito entre el gobierno de Álvaro Uribe y Estados
Unidos.
En el resto del continente destacan como bases o instalaciones de cooperación
militar: la base de Mariscal Estigarribia en Paraguay (acuerdo
firmado en mayo de 2005); las bases de Iquitos y Nanay, en Perú; la base
Soto Cano, en Honduras (donde aterrizó el avión que sacó al ex presidente
Manuel Zelaya tras el golpe de estado); la base Liberia, en Costa
Rica; la base de Comalapa, en El Salvador; las bases Reina Beatriz Aruba
y Hatos, en Curazao, en las Antillas holandesas, para el tránsito y transporte
de aeronaves y tropas. EE. UU. también cuenta con instalaciones
militares en Panamá; bases permanentes con importante presencia militar
en Puerto Rico y Guantánamo (Cuba); y alguna pequeña instalación
militar, pero muy útil, como el aeropuerto de Antigua (Guatemala), que
utiliza como base aérea para hacer escalas.
El país que ha vivido una constante presencia militar norteamericana es
Haití. Este pequeño país caribeño destaca por ser uno de los más pobres
y degradados del planeta. Su tragedia va mas allá de las catástrofes
naturales y tiene sus verdaderas raíces en la constante subyugación por
parte de dos históricas potencias, Francia y EE. UU., presentes en el país,
que han favorecido el expolio generador de una extrema desigualdad y pobreza. Tras el terremoto acontecido en febrero de 2010, que dejó cerca
de 300.000 muertos, la presencia militar norteamericana incrementó la
ya existente, con dos unidades más de aire y tierra, con activos de apoyo
de 2.000 marines cada una, denominadas Expeditionary Units. Según
fuentes oficiales citadas por varios medios de comunicación (como Euronews),
Washington pretende enviar entre 9 y 10 mil soldados, además
de otros 2.000 marines a Haití para conformar una presencia de cerca de
20.000 militares en la isla, con una considerable capacidad de movilidad
aérea, marítima y terrestre.
1.3 El Comando Sur
La histórica y continúa presencia militar de los Estados Unidos en toda
América Latina y el Caribe a lo largo de los siglos XIX y XX, se ha visto
agravada por la presencia de la IV Flota norteamericana, reactivada el
2008 como parte de un proceso de refuerzo de las operaciones contra
el tráfico ilegal de drogas y la lucha contra el terrorismo en América Latina.
Sin embargo, la reincorporación de esta flota y su asignación en
esta zona no es más que un componente del Comando Sur de EE. UU.
(USSOUTHCOM, en sus siglas en inglés). Esta agencia interestatal, como
se denomina oficialmente, está compuesta por varios mandos, equipos
y unidades.
En primer lugar está el Ejército Norteamericano del Sur (USARSO, en
sus siglas en inglés), localizado en Fort Sam Houston, Texas (EE. UU.).
El USARSO incluye aviación, inteligencia, comunicación y unidades de
logística. Este ejército tiene, entre otras tareas, la ayuda en caso de desastres
nacionales e internacionales, pero también la lucha contra el
narcotráfico, realiza ejercicios en alta mar y da asistencia logística en proyectos
humanitarios y civiles. El USARSO tiene responsabilidades ejecutivas
dentro del Comando Sur en la región latinoamericana y del Caribe.
Por otra parte, está el 12 AF (Air Forces Southern) localizado en la base
aérea Davis Monthan Airforce Base, en Arizona. Esta unidad está encargada
del mando y control de la actividad aérea. Además, está provista
de radares de vigilancia conjunta, realiza transporte aéreo y apoya al Comando
Sur en supuestas operaciones humanitarias y de lucha contra el
narcotráfico.
Otros componentes
Otros componentes de gran importancia dentro del Comando Sur son las Fuerzas del Cuerpo de la Marina de EE. UU. (USMARFORSOUTH, en
sus siglas en inglés), establecido en Miami, Florida, que dirige todas las
unidades de marinas designadas al Comando Sur. Asimismo, el Comando
de Operaciones Especiales del Sur, establecido en la base Homestead
Air Reserve, cerca de Miami, que tiene la función de realizar operaciones
de respuesta rápida y especiales para el Comando Sur.
Por otra parte, otros cuatro elementos de esta enorme agencia de operaciones militares son: el Join Task Force Guantanamo, en la base naval de la bahía de Guantánamo (Cuba), donde se desarrollan investigaciones sobre crímenes de guerra de combatientes enemigos detenidos como supuestos terroristas en la guerra que desarrolla EE. UU. contra el terrorismo internacional. El Joint Interagency Task Force South, una fuerza localizada en Key West, Florida, que realiza tareas de monitorización antinarcoticos, inteligencia y detección aérea y marítima contra el tráfico de drogas en el mar Caribe, el golfo de México y el Pacífico. El (Centro de Estudios de Defensa Hemisféricos (CHDS, en sus siglas en inglés), localizado en Washington D.C., donde se realizan tareas de educación, investigación y divulgación de conocimientos en temas de defensa y toma de decisiones en seguridad internacional con militares y civiles del hemisferio norte occidental. Finalmente y no menos importante, el Joint Task Force, en la base aérea de Soto Cano en Honduras. Esta fuerza tiene una gran importancia para los intereses norteamericanos en la región, puesto que, además de contar con un gran complejo en la base de Soto Cano, organiza ejercicios y apoyos multilaterales de cooperación con los países aliados, en asistencia humanitaria y civil, antinarcóticos, contrainteligencia y asistencia ante los desastres en América Central.
1.4 La IV Flota
Desde abril de 2008, la IV Flota de la armada de los EE. UU., creada en
1950, vuelve a patrullar por las aguas de América Latina. Este hecho ha
causado un profundo malestar en la mayoría de países de la región, que
ven un regreso a las políticas intervencionistas y de control de EE. UU. en
el continente sudamericano, y también una agresión a sus soberanías
territoriales y marítimas.
Los acuerdos para reactivar la IV Flota con la misión de luchar contra el
terrorismo y el narcotráfico, se dieron, sospechosamente, al poco de saber
la decisión del gobierno de Rafael Correa de Ecuador, de no renovar
el tratado que permitía a Washington utilizar la base militar de Manta, la más importante del continente sudamericano y que expiraba en noviembre
de 2009, dejando a EE. UU. sin bases operativas de grandes dimensiones
en América del Sur.
La IV Flota es el elemento más destacado del Comando Sur, denominada
Comando de las Fuerzas del Sur de EE. UU./ IV Flota de EE. UU. La IV
Flota está localizada en la base naval de Mayport, Florida, compuesta
de buques, aviones y submarinos que realizan tareas de vigilancia en
América Central y del Sur. La IV Flota tiene una base de cooperación en
seguridad en Comalapa (El Salvador) desde dónde se apoya las operaciones
contra el narcoterrorismo. Recientemente, en abril de 2010, Perú
ha dado permiso para que la IV Flota utilice sus puertos, con lo que
EE. UU. dispone de una nueva plataforma militar en la región.
Las operaciones más importantes realizadas por la IV Flota son: «CD Operations
», «Community Relations», «Disaster Relief», «New Horizons», «PANAMAX
», «Team Work South», «SIFOREX» y «UNITAS»; todas realizadas
en conjunto con las fuerzas armadas de los diferentes países aliados en
la región. En su mayoría, estas tareas se engloban en el que se denomina
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, dónde destaca la cooperación
de países como Chile, Perú, Brasil o Colombia. Hace falta remarcar
la operación «UNITAS», en la cual participaron aproximadamente 25.500
soldados, marines y guardacostas norteamericanos con 15 buques diferentes.
Estos ejercicios realizados anualmente buscan estrechar las relaciones
con los aliados en la región y conformar una fuerza conjunta que
vele por los intereses y la seguridad de toda América Latina.
Según documentos y fuentes oficiales, la presencia de Estados Unidos
de punta a punta en el continente americano, con su complejo y masivo
operativo militar, está sustentada en la responsabilidad de garantizar la
seguridad y el respeto por la democracia y sus instituciones, así como or
la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
1.5 La seguridad regional y el Plan Puebla Panamá
El Plan Puebla Panamá (PPP) fue concebido el año 2000, por iniciativa del
entonces presidente de México Vicente Fox, como un espacio político
de integración, cooperación y diálogo multilateral entre los países de
América Central. El PPP comprende los países de la región mesoamericana;
es decir, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice, y los estados mexicanos de Campeche, Yucatán,
Quintana Mordisqueo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla y
Veracruz. Posteriormente, en 2006, se incorporó Colombia.
Este extenso territorio está habitado por 64 millones de personas, 28
en la parte mexicana y 36 en el resto. Su población se caracteriza, en su
mayor parte, por la pobreza, un bajo nivel educativo y elevados índices
de paro, además de porque vive un 48% en el campo, de que un 40% trabaja
en agricultura y de que un 18% es indígena. Centroamérica es una
región que cuenta con excelentes tierras de cultivo, con plantaciones
extensivas y una enorme riqueza en recursos naturales, como bosques
y agua. Además, es la segunda región del mundo con mayor riqueza
biogenética, tras la Amazonia sudamericana. La región centroamericana
es rica en recursos estratégicos, como petróleo, gas natural y minerales,
mantos de agua subterránea y ríos de alto potencial hidroeléctrico y bosques
para madera.
Los objetivos iniciales del PPP eran el fortalecimiento institucional, por
esta razón se articuló con el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), la gestión de proyectos e incorporación de nuevas áreas prioritarias,
como la energética y de seguridad. Por esto se han desarrollado,
entre otras cosas, infraestructuras que incluyen carreteras y puertos, para
estimular el crecimiento de la productividad y la competitividad.
Pero el PPP surgió como una iniciativa de Estados Unidos para la protección
de una región que considera de alto valor estratégico. América Central
es el canal por el cual transitan las relaciones de EE. UU. con el resto del
subcontinente latinoamericano y, en el contexto de lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo que lleva a cabo EE. UU. y de los considerables recursos
naturales que posee, se trata de una zona tácticamente relevante para
el presente y futuro de las relaciones Norte-Sur del continente americano.
1.6 La Iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida o Plan Mérida es un tratado internacional de seguridad
establecido por los Estados Unidos subscrito con México y los países
de América Central para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El acuerdo fue activado por el ex presidente George Bush el 30 de junio
de 2008.
El Congreso de EE. UU. aprobó un paquete de medidas de ayuda con un
coste de 1.600 millones de dólares que serán aplicados durante un plazo
de tres años. El plan otorga a México 1.400 millones de dólares para la
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Durante el primer
año, la Iniciativa Mérida proporcionó a México 400 millones de dólares
en equipo y entrenamiento. Además, incluye unas ayudas adicionales de
65 millones de dólares para las naciones centroamericanas (Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); el Congreso,
posteriormente, también incluyó Haití y la República Dominicana
en el conjunto de América Central.
Los objetivos específicos de esta iniciativa son: mejorar los programas
de las agencias de seguridad en la vigilancia de los territorios; dotar de
equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad; entregar
nuevas tecnologías para fortalecer la coordinación de las fuerzas de
seguridad e información entre México y EE. UU.; transferir tecnologías
para aumentar la capacidad de México y los países centroamericanos en
materia de inteligencia con el propósito de mejorar el orden público.
Entre las instituciones norteamericanas que están involucradas en la Iniciativa
Mérida están: el Departamento de Estado, el Departamento de
Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), el FBI y la agencia Antidrogas DEA. Por
parte de México están: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública,
la Jefatura General de la República y el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional.
El Plan ha sido blanco de numerosas críticas por parte de analistas políticos
y activistas sociales, que advierten que esta iniciativa se sitúa en el
contexto de criminalización de la lucha social y sindical. Advierten, asimismo,
que la Iniciativa Mérida reforzará la guerra de baja intensidad y
la contrainsurgencia contra los movimientos sociales, mientras que otros
señalan un incremento de abusos contra los derechos humanos por parte
de las fuerzas policiales y militares, lo que agravaría la tensión en un
contexto presidido por la guerra establecida entre las fuerzas de seguridad
y los grupos de narcotraficantes.
2. El gasto militar en América Latina
La responsabilidad del gasto militar en América Latina no recae en su
totalidad en el imperialismo de EE. UU., tan denunciado por las fuerzas
sociales latinoamericanas., sino que también hay graves responsabilidades
internas de los propios gobiernos de la región.
En este sentido, según el último anuario del SIPRI 2010, [4]
del conjunto de países de América del Sur durante el periodo 2000-
2009 aumentaron un 48%, hasta llegar en el año 2009 a 52.951 millones
de dólares (Tabla 1). Las cifras de América Central son también destacadas,
aunque algo más moderadas, y en el año 2009 el gasto militar fue de
6.489 millones de dólares, con un incremento de un 27% para el mismo
periodo.
Analizando por separado cada uno de los países, se comprueba que
Colombia es, con un 3,7% respecto del PIB, el país con el gasto militar
más alto. Esto tiene una explicación en el hecho de que Colombia vive
un conflicto interno de dimensiones de guerra civil con dos importantes
grupos guerrilleros, el ELN y las FARC. Pero en cambio, no tiene justificación
en los casos de Chile (3,5%) o Ecuador (2,8%), que no sufren conflictos
armados internos y en cambio tienen un elevado gasto militar.
Según informes de Naciones Unidas sobre los estándares internacionales
en gasto militar, se recomienda no superar el 1% del PIB. Además,
superar el 2% se considera una tasa de país militarizado y hacerlo más
de un 4% supone ser un país altamente militarizado. Según estos estándares,
en América del Sur solamente Argentina y Paraguay son los países
de la región que se pueden considerar no militarizados, mientras que
superan el 2%, como hemos señalado, Colombia, Ecuador y Chile, y el
resto oscilan entre el 1 y el 2%. En cambio, en América Central, todos los
países tienen un índice por debajo del 1% del PIB, cosa que denota que
los estados de América Central destinan pocos recursos al ámbito militar,
con un claro retroceso respeto a décadas anteriores, cuando hubo
conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El gasto militar impulsa todo el ciclo económico militar, es decir, el mantenimiento
de las fuerzas armadas y la compra de armamentos; y en el caso de tener industria, como es el caso de Brasil, Chile y Argentina,
(aunque de menor importancia en los dos últimos), también habrán de
dedicar importantes recursos públicos a impulsar la I+D militar y la industria
armamentística. Esto puede tener un efecto pernicioso, favoreciendo
la aparición o fortalecimiento de un complejo militar industrial
interno, un poder fáctico o grupo de presión que impulse un militarismo
dentro de cada uno de los países de la región, abandonado el militarismo
que propició el cuartelazo de los golpes militares de etapas anteriores,
para entrar en el militarismo «moderno» de los lobbies industrial
militar.
Tabla 1. Gasto militar en América Latina
2.1 La ineficiencia del gasto militar
Una cuestión a menudo menospreciada y que es aceptada de manera
generalizada, es que el aumento de recursos destinados al gasto militar
es una inversión productiva en términos de eficiencia económica.
Desgraciadamente, esta es una visión compartida tanto desde el ámbito
político conservador como desde la izquierda. La llegada al gobierno
en algunos países de América Latina de fuerzas sociales de izquierdas
con programas para afrontar transformaciones sociales para combatir
la pobreza y las desigualdades ha ido acompañada de un fuerte incremento
del gasto militar. Es el caso de Brasil, Ecuador, Venezuela y Chile.
Aunque no ha sido el caso de Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde no ha
habido aumentos significativos en el gasto militar.
El gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. Porque, de una parte, genera endeudamiento público, que por sí mismo comporta inflación; y porque no genera ninguna clase de ingreso en las arcas públicas. Por otro lado, impide que bienes de capital destinados al sector militar lleguen al civil, obstaculizando la consecución de economías de escala en la economía productiva. Estas cuestiones son especialmente sensibles en los países no industrializados y empobrecidos, por una cuestión de «costes de oportunidad», puesto que una parte de los recursos que se deberían destinar al desarrollo humano de la población se dedican a un sector ineficiente, además de favorecer el aumento de posibles conflictos armados.
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