Jóvenes en zonas controladas por grupos armados

Miércoles 21 de abril de 2010

La Asociación Civis acompaña y apoya desde su convicción de la Noviolencia a procesos juveniles en su firme posición de no vincularse a la guerra de cualquier manera. La prevención del reclutamiento forzado por parte de todos los ejércitos es en este contexto un eje central.

El texto presentado es un extracto del documento elaborado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas:

El delito invisible. Criterios para la investigación del delito del reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia

La utilización de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados ha sido una realidad en el marco de cientos de conflictos armados alrededor del mundo. El uso de la niñez para la conducción de las hostilidades ha estado mediado por factores aberrantes, como el aprovechamiento de las condiciones de marginalidad, pobreza y violencia intrafamiliar, la facilidad para el adoctrinamiento de los menores de edad, el bajo costo de su manutención, la prestación de servicios sexuales a la tropa bajo las formas de esclavitud sexual, coacción y amenazas, y la ausencia estatal, entre otros factores.

Si bien en 1959 la Declaración sobre los Derechos del Niño estableció la prohibición de someterlos a cualquier acto de abandono, crueldad o explotación, tan solo a partir de la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, (1) el sistema internacional de derechos humanos adoptó disposiciones expresas frente a la prohibición del reclutamiento y la utilización de parte de grupos armados de niños y niñas menores de 15 años. Y solo en febrero de 2002 se elevó la edad de vinculación a grupos armados estatales y no estatales a 18 años, gracias a la aprobación del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. (2) Para entonces, miles de niños, niñas y jóvenes habían padecido las atrocidades de las confrontaciones bélicas en calidad de combatientes, y a tan corta edad habían visto vulnerados sus derechos fundamentales sin contar con un marco protector de su derecho a no participar en la guerra.

En este contexto hay que resaltar la invisibilización del fenómeno en la opinión pública nacional e internacional. Al respecto, es importante destacar que algunas víctimas han expresado temor por la posibilidad de participar en investigaciones destinadas a esclarecer el delito de reclutamiento ilícito (3) del que fueron víctimas, ya que no consideran que existan suficientes garantías de seguridad para llevar a cabo estas investigaciones; como consecuencia de ello, en principio, no estarían dispuestas a participar en los procesos, por temor a las consecuencias que esto podría traerles en términos de seguridad y protección para ellas y sus familias.

Lo anterior evidencia una de las dificultades más grandes encontradas al momento de orientar acciones para esclarecer este delito. Ante la constante vigilancia que los grupos armados ejercen sobre testigos, víctimas, niños y jóvenes desvinculados de sus filas, la búsqueda de escenarios confiables y garantías de seguridad se presenta como uno de los principales desafíos.

En Colombia no existen cifras exactas sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados que toman parte en las hostilidades. Unicef, en su informe de 2002, “La niñez colombiana en cifras” estimó que el número de ellos oscila entre 6.000 y 7.000. Human Rights Watch, en su reporte de 2003, “Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia”, consideró que la cifra podría llegar a exceder los 11.000, mientras la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia de 2004, consideró que podría tratarse de 14.000. (4) Se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años (5) y que en ocasiones esta población puede llegar a oscilar entre el 20 y 30 por ciento en algunas unidades armadas de las guerrillas y los paramilitares. (6) Sus edades de vinculación están entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de 13,8 a 12,8 años. (7)

En Colombia todos los grupos que toman parte en las hostilidades han suscrito acuerdos de no utilización y reclutamiento de niños y niñas a sus filas; sin embargo, tales acuerdos se han convertido en letra muerta y no han tenido relevancia dentro de las negociaciones de paz y desmovilización adelantadas entre el gobierno y estos grupos, debido a la falta de interés político en el tema.

En la Declaración de Paramillo, del 26 de julio de 1998, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) establecieron que a partir de la fecha no reclutarían a personas menores de 18 años ni los utilizarían en actividades de inteligencia o vigilancia, acuerdo que fue reiterado en las negociaciones con el gobierno en aquel entonces, en el marco del cese de hostilidades.

Por su parte, las FARC-EP, en junio de 1999, hicieron formalmente un ofrecimiento al Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, en el cual prometieron no reclutar más niños y niñas menores de 15 años. (8)

En junio de 1998 el ELN firmó en Mainz, Alemania, los acuerdos de “Puerta del Cielo”, en los cuales se comprometió a no reclutar personas menores de 16 años. Dicho acuerdo ha sido desconocido por este grupo, que continúa adelantando prácticas de vinculación de niños y niñas.

A pesar de dichos convenios, actualmente el fenómeno, lejos de disminuir, ha aumentado y afecta principalmente a niños y niñas de zonas rurales o marginales urbanas, donde los grupos armados tienen presencia. Durante los últimos años se ha verificado que, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares y la fuerza pública, continúan vinculando a sus filas, directa o indirectamente, a menores de 18 años de ambos sexos a pesar de las prohibiciones y acuerdos suscritos al respecto.

En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Unicef y la Coalición Colombia, entre otras organizaciones sociales, denunciaron durante una audiencia ante la Corte Constitucional que en 13 departamentos del país los grupos armados ilegales continúan reclutando a niños y niñas, en especial aquellos desplazados por la violencia. Según la información, estos casos de vinculación se presentan principalmente en los departamentos de Arauca, Putumayo, Guaviare, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Risaralda, Vaupés, Amazonas, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Chocó. (9) Como resultado de dicha audiencia, la Corte Constitucional emitió varios autos en los cuales requiere a la Fiscalía para dar información acerca de las gestiones realizadas para investigar estos hechos. (10)

En cuanto a la fuerza pública, si bien no recluta formalmente en sus filas a personas menores de 18 años, se han podido constatar dos formas de vinculación: el empleo de niños en actividades de inteligencia y la realización de campañas cívico-militares. Al respecto, el Comité de Derechos del Niño hizo conocer su preocupación por este tipo de prácticas, que pone a los niños en grave riesgo ante los grupos combatientes, además de ser ellas un acto contrario al DIH, en particular, al principio de distinción. (11)

Al respecto, el Secretario General de la ONU, en su informe de 2009, señaló que: "Las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre la utilización de niños por miembros de las fuerzas de seguridad para fines de inteligencia, a pesar de que esto contraviene la política del Gobierno". (12)

Por otro lado, el Ejército continúa impulsando campañas cívico-militares con niños y niñas. Ejemplo de ello se presenta en el departamento de Antioquia, donde la Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado un programa denominado “Grupo Halcones”, en el cual 73 niños entre 8 y 16 años son entrenados por el Comando Aéreo No. 5, del municipio de Rionegro, en actividades que, según la fuente oficial, están encaminadas a “servirle a la patria, Colombia, a través de la Fuerza Aérea”; lo anterior incluye entrega de insignias y uniformes de las FF.MM. (13)

La Procuraduría General de la Nación (14) analizó en 2005 el caso del programa “Soldados por un día”. En este esquema, implementado en el departamento de Arauca, mediante la invitación de niños y niñas a instalaciones militares, se les vestía como miembros del Ejército, realizaban actividades de recreación y formación y se les instaba a que denunciaran a sus familiares o allegados que hicieran parte de los grupos subversivos.(15) La PGN estableció que este programa puede poner en riesgo a la población infantil y, por tratarse de actividades educativas, no son de competencia de las Fuerzas Armadas.

Otra forma de vinculación ha ocurrido a partir de las campañas cívico-militares desarrolladas por la fuerza pública en comunidades y planteles educativos, a partir de las cuales se crea familiaridad con los uniformados y se promueve el modelo militar como opción de vida. En desarrollo de estas campañas se han podido constatar acciones orientadas a indagar acerca de las actividades de padres y familiares de los niños y niñas e información en torno a la presencia y actividad de grupos armados irregulares en la zona. (16)

Por otro lado, una gran cantidad de niños desvinculados de las agrupaciones armadas enfrentan graves obstáculos –a pesar de la prohibición expresa del Decreto 128– para ser remitidos a las autoridades competentes dentro de las 36 horas siguientes al momento en que se encuentren en manos de representantes del Estado.

Según información de la Defensoría del Pueblo, tan solo el 12,2 por ciento de los niños incorporados al programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del gobierno colombiano ha manifestado haber llegado directamente al mismo, 32,6% a estaciones de policía y 58,9% a batallones militares. Lo anterior resulta extremadamente grave, pues existe una gran cantidad de denuncias según las cuales niños y niñas que han permanecido en instalaciones militares por periodos de más de 36 horas han “recibido presiones para que suministraran información a miembros de la fuerza pública, lo mismo que a participar en operativos y a señalar o denunciar a los miembros del grupo de procedencia”. (17)

Es pertinente recordar que en virtud de la firma y ratificación de tratados de derechos humanos el Estado asume de manera voluntaria obligaciones con el objeto de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en ellos. Así, todo Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos a las personas sujetas a su jurisdicción y abstenerse de cometer cualquier acto violatorio de tales derechos.

Notas:
1. La Ley 12 de 1991 ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Colombia estableció una reserva a la Convención en las siguientes condiciones. Colombia estableció una reserva a la Convención en las siguientes condiciones: “El Gobierno de Colombia, siguiendo el artículo 2, parágrafo 1 (d) de la Convención, declara que para los propósitos del artículo 38, parágrafo 2 y 3, de la Convención, la edad referida en dichos parágrafos debe ser entendida como 18 años, dado el hecho que, bajo la ley colombiana, la edad mínima de reclutamiento en las fuerzas armadas para el servicio militar es de 18 años” [traducción del inglés por el autor]. Así, a partir de la ratificación de la Convención la edad mínima de reclutamiento es de 18 años.
2. Ratificado por Colombia el 25 de mayo de 2005, incorporado al derecho interno por la Ley 833 del 2003 y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-172 de 2004.
3. Para efectos del presente documento se adopta como criterio general el uso del término delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas con base en la tipificación de este delito por el Código Penal Colombiano, sin dejar de lado el concepto desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.
4. “Se estima que casi 7.000 menores de 18 años combaten con las FARC-EP, el ELN y los paramilitares. Otros 7.000 integrarían grupos de milicias urbanas ligados a las diferentes partes del conflicto armado”. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párrafo 45.
5. Human Rights Watch (2003). “Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia”.
6. Ibid.
7. Defensoría del Pueblo y Unicef (2006). Informe Defensorial. Caracterización de los niños, las niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales. Boletín No. 9, noviembre, p. 32.
8. Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados tras su misión humanitaria a Colombia. Declaración de prensa HR/4418, 9/06/99.
9. “Denuncian reclutamiento de niños desplazados en 13 departamentos”, 29 de junio de 2007. En: http://www.caracol.com.co/nota. aspx?id=512388 Fecha de consulta: julio 12 de 2007.
10. Corte Constitucional, auto No. 171 del 4 de julio de 2007.
11. Comité de Derechos del Niño, Observaciones generales al informe presentado por los Estados. Colombia, documento de Naciones Unidas CRC/C/COL/CO/3, 2 de junio de 2006. 12. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, documento de Naciones Unidas A/63/785–S/2009/158, del 26 de marzo de 2009, párrafo 114.
13. Fuerza Aérea Colombiana, “Grupo Juvenil Halcones”, septiembre de 2007, en www.cacom5.mil.co
14. Procuraduría General de la Nación. La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, Informe Especial, sin fecha, mimeografiado, agosto 28 de 2003.
15. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Informe de la Comisión de verificación de niños y niñas en Arauca 2004, p. 54.
16. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Informe alterno al Comité de los Derechos del Niño, 2005.
17. Defensoría del Pueblo y Unicef (2006) Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos, Bogotá, p. 24.

Texto completo aquí.

 
Civis Sweden (Göteborg)

Järntorget 3
413 04 Göteborg Sverige
Tel: +46 31 775 0944

Civis Colombia (Bogotá)

Cll 39 Bis A No 28A-19
Bogotá, D.C., Colombia
Tel: (+57 1) 475 4040

Las opiniones y planteamientos expresados acá, no reflejan necesariamente las opiniones de Civis ni de sus financiadores.

 
Desarrollado por Atarraya, tejedores de saber social