Ante un video con explícitas imágenes de abuso, el gobierno uruguayo actuó con rapidez y contundencia. Sin perder el tiempo negando lo innegable, anunció el establecimiento de un consejo de guerra y una denuncia penal en la jurisdicción ordinaria. En carta al presidente Martelly, de Haití, el mandatario José Mujica pidió disculpas por la conducta de estos cascos azules.
Según los acuerdos de estatus de las fuerzas contraídos por la Naciones Unidas y los Estados anfitriones, el personal militar de las misiones de paz está sujeto a la legislación de su país de origen. En la práctica, esto ha equivalido a un manto de impunidad. Las autoridades nacionales permiten que los presuntos responsables, una vez repatriados, escapen sin consecuencia legal o disciplinaria.
Todo indica que, esta vez, será diferente. Pero la actitud responsable del gobierno uruguayo no logró detener la indignada reacción haitiana, ni el negativo cubrimiento internacional, mucho menos el debate interno. Informaciones adicionales sobre la posible paternidad de niños haitianos incendiaron aún más los ánimos.
En Uruguay, unos piden el retiro del contingente entero de la Minustah. "Estas misiones militares no aportan beneficio alguno al país", afirmó Guillermo Chifflet, un ex legislador socialista. Los cascos azules en Haití le hacen el trabajo sucio al imperio, arguyen él y algunos otros, como si en esa pobre isla existiera un interés geopolítico primordial en juego.
Es verdad que el discurso de Chifflet es más bien la excepción. Los voceros de los partidos inflan el pecho con orgullo cada vez que dicen que "el mantenimiento de paz constituye una política de Estado". Al fin y al cabo, Uruguay envió sus primeros cascos azules a Camboya en 1992 y, desde mucho antes, contribuía con observadores militares. El Parlamento ha votado a favor de la salida de tropas con consistencia. Pero hasta ahí llegó el respaldo.
Para los sucesivos gobiernos democráticos, el mantenimiento de paz fue una manera de dar un sentido de misión a las fuerzas armadas heredadas del periodo de facto. Con el tiempo, la ecuación se volvió monetaria, al punto de que la entrada de divisas por reembolsos de la ONU llegó, en algunos años, a superar varios de los más importantes rubros de exportaciones.
Con los militares satisfechos con los dólares de la ONU, las autoridades políticas subvaloraron la importancia de la presencia de los soldados en el exterior. En algo Chifflet tiene razón: los riesgos que han asumido miles de cascos azules uruguayos no se han traducido en réditos concretos para el país. Pero eso solo se explica por la falta de visión de los gobiernos.
Hoy, Uruguay es el mayor contribuyente per cápita de cascos azules del mundo y, aun así, el mantenimiento de paz no ha sido asimilado como una prioridad de la política exterior. Países con menos trayectoria, como Chile, han conseguido más con menos, haciendo llegar a sus soldados a regiones de interés estratégico económico y político.
La ausencia de apoyo a nivel interno es evidente. A diferencia de los países vecinos, Uruguay no invierte un peso en el mantenimiento de paz. Los soldados son desplegados con equipo obsoleto e insuficiente y en medio de la indiferencia de la población y las autoridades. Algunos todavía parecen creer que el Ejército de hoy, comprometido con el mantenimiento de paz, es el mismo de la dictadura.
Es una lástima. Un país del tamaño de Uruguay no tiene muchos medios para proyectarse en el mundo: debería haber encontrado uno en sus soldados para la paz.
Tomado de: www.eltiempo.com
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